Toda crisis tiene una dinámica propia en la que las decisiones pueden variar para ajustarse a nuevos hechos y situaciones que impliquen cambios, los que muchas veces son urgentes y requieren de celeridad. Un estado que se prepara para enfrentar crisis adopta un sistema de toma de decisiones que garantice, que aun lo urgente, deba ser decidido con análisis previo y equipos que evalúan el impacto de aquello que se decida. De no ser así, prevalece la improvisación como método.
Un ejemplo claro lo vemos en el derrumbe trágico de Miami, donde aun con muchas víctimas por lamentar, vemos como se declara la emergencia, se convoca a la agencia FEMA para coordinar el apoyo federal, se acepta la ayuda de expertos mexicanos e israelíes en derrumbes y rescates, se contiene a familiares de las víctimas, la prensa cumple su rol prudente y se trabaja y decide en base a protocolos claros y que integran a todos los sectores involucrados. Vemos un sistema funcionando.
Por el contrario, y a pesar de la experiencia que nos da la pandemia del COVID, vemos la dificultad de países como el nuestro, en el que se adoptan medidas sorpresivas, sin conocerse los fundamentos reales, sin convocar a los sectores responsables que pueden asesorar para que las medidas sean eficaces. Un país donde no se activa el SINAGIR, organismo similar a FEMA, y donde no se consulta al sector privado y empresarios, los que podrían contribuir a mejores soluciones. Una muestra de esta particularidad ocurrió en los últimos días, donde el vicepresidente de IATA (organismo que regula la aviación civil en el mundo), ante la reducción de viajeros, califica a las medidas como “severas, aisladas y desconectadas del mundo” y solicitando una reunión urgente a las autoridades, lo que nos hace asumir que nuestro estado no consulta y sus análisis son con basamento político sin base técnica. O lo que es peor, se adoptan medidas bajo el lema prueba-error, sin medir las consecuencias que la medida implica.
El gobierno busca compensar con medidas extremas y sorpresivas su falta de eficacia en los controles, como si al ocultar esa incapacidad resolviera los problemas. Nos preocupa también, que se desconozca que la disminución de vuelos de pasajeros también afecta la logística de apoyo a la pandemia.
Al mismo tiempo, resulta inexplicable que se argumente políticamente que la salida de la pandemia del COVID requiere del aporte de todos, y a la hora de adoptar decisiones no se convoque a todos aquellos que pueden aportar análisis, conocimiento técnico y previsibilidad.