Durante el último año hemos visto el esfuerzo del personal de la salud alrededor del mundo, por intentar salvar las vidas de los contagiados, así como también, a miles de ciudadanos responsables siguiendo las recomendaciones preventivas para no contagiarse. En este escenario, también hemos visto violencia, desigualdad, y violaciones de derechos humanos apoyados en gran medida por las medidas antidemocráticas que establecieron los gobiernos de la región.
En El Salvador, por ejemplo, la cuarentena ‘absoluta’ impuesta para mitigar el impacto del coronavirus contemplaba prohibiciones de uso del transporte público y el límite de dos salidas semanales, según el número de documento, para compras de víveres. Quienes no respetaran estas medidas serían llevados a “centros de contención” donde deberían someterse a un confinamiento de 15 días. Más de 1200 personas, se vieron privadas de su libertad.
En épocas de fake news, algunos países decidieron que lo mejor era restringir la libertad de expresión Nayib Bukele, Presidente de El Salvador, aseguró que esta medida era necesaria para contener la propagación de la desinformación relacionada con la pandemia. El decreto de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez no era muy diferente y establecía penas de prisión para quienes desinforman, incitaran a crímenes contra la salud o generaran incertidumbre en la población.
La situación en Venezuela no fue muy diferente a lo que viene sucediendo en los años previos a la pandemia en materia de derechos humanos. El COVID-19 irrumpió en medio de la crisis humanitaria, institucional y política. El gobierno de Maduro ha detenido y hostigado a periodistas que informaban sobre casos de coronavirus y cuestionado los datos oficiales al respecto.
En Argentina la mirada durante los últimos meses se posó en la Provincia de Formosa, donde el ‘histórico’ gobernador Gildo Insfrán ( 25 años en ese cargo), adoptó medidas abusivas en su respuesta al virus. Estas medidas van desde condiciones insalubres en centros de aislamiento, restricciones a la libertad de expresión, de libre circulación y personas aisladas sin síntomas o con hisopados negativos. Más de 24 mil personas que han sido obligadas a permanecer confinadas, podrían considerarse víctimas de detenciones arbitrarias, cómo se desprende del informe del Alto Comisionado de DDHH de ONU.
Aún después de salir de esos centros de aislamiento, en donde se encontraban hacinados, sin distanciamiento social ni atención médica, algunas personas que fueron entrevistadas por la ONG Human Right Watch manifestaron miedo a sufrir represalias si su identidad se daba a conocer.
Un escenario que se repitió a lo largo y ancho de la región tiene que ver con la militarización de sus calles, esto ha generado efectos negativos y situaciones de represión, como en el caso de Honduras, Formosa (Arg), México que también desplegó soldados y guardias nacionales para “apoyar la respuesta del gobierno contra la pandemia”.
El cierre de fronteras ha hecho que miles de migrantes que escapan de situaciones de violencia y hambre no tengan alternativa. La suspensión de clases presenciales afectó la alimentación de 85 millones de niños y niñas latinoamericanos. Hay quienes dejaron de recibir sus tratamientos y quienes se encuentran sin posibilidad de escapar de la violencia que sufren en sus hogares.
No, los gobernantes de la región no pueden utilizar medidas restrictivas violatorias de los DDHH invocando la Salud Pública.
No deberían utilizar la pandemia para reprimir opositores políticos, permitir controles más agresivos o castigos desproporcionados. Deberían enfocarse en la transparencia informando de forma clara, coherente y precisa sobre plan de emergencia Covid, número de casos en tiempo real, acceso y distribución de las vacunas, plan de reactivación económica, etc.
Nuestros países deben salir mejor de lo que entraron a esta pandemia y la única forma de lograrlo es con más República, más Derechos y más Democracia.
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